Ensenada, Baja California. – Como parte de las acciones permanentes de ordenamiento territorial, e<span;>l Primer Ayuntamiento de San Quintín inició procesos administrativos contra fraccionamientos que operan fuera de la normatividad vigente.
Así lo informó, la directora de Administración Urbana, Mariela Méndez Zumaya, quien indicó que las intervenciones se derivan de inspecciones técnicas y revisiones documentales que identificaron desarrollos sin permisos de uso de suelo, autorizaciones de impacto urbano y registros catastrales, requisitos indispensables para la operación legal de fraccionamientos en el municipio.
Precisó que actualmente se encuentran abiertos diversos procedimientos administrativos, los cuales forman parte de un proceso continuo que se desarrolla de manera gradual, conforme avanzan las revisiones y se cumplen las etapas que marca la normatividad aplicable.
Méndez Zumaya señaló que estos desarrollos representan riesgos para las familias al no contar con factibilidad de servicios básicos como agua potable, drenaje, electrificación y vialidades, además de generar afectaciones al ordenamiento territorial y a la planeación de infraestructura pública.
La Directora de Administración Urbana señaló que una vez iniciado el procedimiento, el Ayuntamiento notifica a los responsables, integra el expediente técnico correspondiente y da seguimiento conforme a la Ley, lo que puede derivar en clausuras conforme se agotan las etapas administrativas y se confirman las irregularidades detectadas.
Aclaró que las acciones no se realizan de manera aislada, sino como parte de una estrategia permanente para atender desarrollos irregulares detectados en distintas zonas del municipio, independientemente de si las medidas se ejecutan de forma inmediata o en semanas posteriores.
Mariela Méndez Zumaya reiteró que el Ayuntamiento mantendrá las inspecciones de manera constante y que no se permitirá la promoción o comercialización de predios que no cumplan con los instrumentos de planeación urbana vigentes en San Quintín, con el objetivo de brindar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias.
