De acuerdo con la organización, aunque las calandrias dejaron de operar con tracción animal, los caballos continúan en condiciones que califican como inadecuadas. Señalan que algunos permanecen con escasa sombra, otros permanecen expuestos al sol, sin acceso visible a bebederos, ensillados durante largas jornadas y en un entorno con condiciones insalubres.
Los activistas indicaron que el establo se encuentra en un predio federal presuntamente invadido desde hace varios años y aseguraron que el lugar no ha sido objeto de inspecciones por parte de las autoridades competentes. Por ello, informaron que el pasado viernes interpusieron la denuncia con Número Único de Caso (NUC) 0201-2026-10962 ante la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, realizaron un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; a la Fiscalía General del Estado; a la Unidad Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales; a la Dirección de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ensenada; a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado; a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que lleven a cabo una inspección del sitio, determinen las condiciones en que se encuentran los equinos y, en caso de acreditarse irregularidades, procedan conforme a la ley.
Como antecedente, el Movimiento Animalista recordó que el 30 de diciembre de 2023 la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció públicamente que los caballos utilizados en las calandrias serían rescatados y que se pondría fin a su maltrato. No obstante, los integrantes de la organización sostienen que, hasta el momento, los animales continúan en el mismo lugar, por lo que solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para garantizar su bienestar.
