Ensenada, Baja California.– La Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Baja California rechazó este martes 23 de septiembre de 2025 la Cuenta Pública 2023 correspondiente al periodo de Armando Ayala Robles al frente del XXIV Ayuntamiento de Ensenada. La determinación se tomó en sesión ordinaria y forma parte del proceso anual de revisión de ingresos y egresos municipales. El acuerdo establece que el dictamen se turnará al Pleno para su discusión y votación.
De acuerdo con la comisión, el expediente incluye observaciones por presuntas irregularidades administrativas y financieras que deberán solventarse en las siguientes etapas. La Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) y la Sindicatura Municipal (Sindicatura) serán las instancias encargadas de requerir documentación, iniciar procedimientos y, en su caso, fincar responsabilidades. La decisión no implica por sí misma sanciones penales; abre una ruta de corrección y, eventualmente, de responsabilidades administrativas.
En enero de 2025, el Congreso ya había desaprobado la Cuenta Pública 2022 del mismo Ayuntamiento. Hasta el cierre de esta edición, no se habían informado públicamente resultados de acciones derivadas de aquella revisión por parte de la ASEBC o de la Sindicatura. La reiteración de observaciones en ejercicios consecutivos elevó el llamado de legisladoras y legisladores a transparentar avances y establecer calendarios para solventaciones.
El dictamen aprobado en comisión pasará a la agenda del Pleno del Congreso del Estado. Si se confirma la reprobación, la ASEBC deberá notificar a las áreas responsables para que presenten aclaraciones y entreguen soportes. De persistir las inconsistencias, podrían activarse procedimientos resarcitorios o sancionatorios conforme a la normatividad vigente.
Por su parte, el XXIV Ayuntamiento y las entidades paramunicipales involucradas tendrán la oportunidad de presentar pruebas, corregir registros y subsanar faltantes. La autoridad legislativa pidió mantener comunicación con la ciudadanía y publicar avances de solventaciones en los portales oficiales de transparencia.
