BAJA CALIFORNIA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra exfuncionarios, empresarios y compañías relacionadas con Baja California, a quienes atribuye vínculos y operaciones de apoyo al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de Los Mayos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció el 29 de septiembre una acción contra 21 personas y 25 entidades, dentro de una estrategia dirigida a líderes, operadores, presuntos lavadores de dinero y redes de corrupción vinculadas, según la autoridad estadounidense, con operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Entre las personas señaladas aparecen Carlos Alberto Torres Torres; su hermano, Luis Alfonso Torres Torres; el exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García; y Rafael Buenrostro Martín, quien de acuerdo con el Tesoro estadounidense se desempeñó anteriormente como funcionario de aduanas en Chihuahua y asesor legislativo en Baja California.
La OFAC sostiene que Carlos Torres habría utilizado influencia política para facilitar actividades y proteger operaciones del Cártel de Sinaloa en Baja California. La dependencia estadounidense también señaló que el Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 por lo que calificó como su afiliación y trabajo en favor de la organización criminal.
En el caso de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, el Tesoro estadounidense asegura que habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, identificado por esa autoridad como dirigente de una estructura de Los Mayos con presencia en Mexicali.
De acuerdo con la versión de OFAC, Mendívil habría recibido sobornos a cambio de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa mediante el control de la Policía Municipal de Mexicali. La autoridad estadounidense también atribuyó a Luis Alfonso Torres Torres la recepción y presunto lavado de recursos ilícitos mediante empresas y campañas políticas.
Los señalamientos forman parte de las razones expuestas por Estados Unidos para incorporar a estas personas a su régimen de sanciones. No constituyen, por sí mismos, una sentencia penal dictada por autoridades mexicanas.
Empresas de Baja California entre las sancionadas
La acción de OFAC también alcanzó a diversas compañías que el Departamento del Tesoro relacionó con las personas sancionadas.
Entre las empresas que la autoridad estadounidense vinculó con Luis Alfonso Torres Torres se encuentran Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF.
Grupo Gasolinero Nueva Esperanza fue sancionado por su presunta relación de propiedad o control con Pedro Ariel Mendívil García, mientras que Publicidad e Imagen Integral ENLA-C fue incluida por su relación atribuida con Rafael Buenrostro Martín.
La lista incluye además una red de compañías que OFAC relaciona con operadores asentados en Tijuana. Entre ellas se encuentran Baja Fixer Group, Inteliproof Efficient, Private Equity Baja, Private Equity Bursátil, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Wermak Publired, Holistic Wellwaves, Proyecto Alerta Verde y Videovigilancia Colabirativa.
También fueron designadas Xolo Gas de Baja California, Lthings México, Codesuam y Grupo Baja Firme, entre otras compañías incluidas en la operación estadounidense.
¿Qué implican las sanciones?
Como consecuencia de las designaciones, los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de ciudadanos y entidades estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a OFAC.
La restricción también puede alcanzar a compañías que sean propiedad, directa o indirectamente y en 50 por ciento o más, de una o varias personas bloqueadas.
Salvo autorización o excepción aplicable, las regulaciones de OFAC prohíben a personas estadounidenses realizar transacciones que involucren propiedades o intereses de las personas y empresas sancionadas.
El Departamento del Tesoro advirtió además que instituciones financieras y otras personas pueden exponerse a sanciones por determinadas operaciones con individuos o entidades incluidas en la lista.
Las designaciones fueron realizadas bajo disposiciones estadounidenses dirigidas a combatir la proliferación internacional de drogas ilícitas y a organizaciones y personas consideradas por Estados Unidos como vinculadas con actividades terroristas o de apoyo a éstas.
La acción, se indicó, forma parte de una operación más amplia contra estructuras que el Gobierno estadounidense identifica como integrantes, operadores o facilitadores financieros del Cártel de Sinaloa en la frontera con Baja California.
