Ensenada, Baja California. – La omisión de Jesús Alejandro Ruiz Uribe en sus declaraciones patrimoniales, no registrando donde los 11 millones 170 mil pesos obtenidos por la venta de un terreno, abre la puerta a la larga lista de escándalos políticos que golpean su imagen y manchan su labor como delegado de Bienestar.
El predio de 3,682 metros cuadrados, ubicado en Mexicali, fue vendido a Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad de Milton Adán Rubio Díaz, exdirector de la desaladora vinculada al gobierno de Kiko Vega.
El contrato firmado en junio de 2023 detalla un anticipo de 100 mil pesos, un pago adicional de 2.1 millones y siete transferencias por un millón 200 mil pesos cada una, depositadas en la cuenta Banorte del padre del exdelegado, Jesús Ruiz Barraza, quien falleció poco después.
Pese a que el terreno ya se transformó en un desarrollo de 46 departamentos con precios de hasta cinco millones de pesos, Ruiz Uribe no reportó la operación en sus declaraciones entre 2023 y 2025.
En todas, Ruiz aseguró no haber enajenado bienes y continuó atribuyéndose la propiedad del predio con un valor declarado cercano a tres millones.
El contraste con el discurso que sostuvo públicamente es evidente. Mientras defendía la depuración del padrón de beneficiarios y afirmaba que la austeridad debía reflejarse en el comportamiento de los funcionarios, omitía un ingreso millonario que legalmente debía ser reportado.
De acuerdo con lo señal la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la falta de veracidad en la declaración patrimonial puede constituir enriquecimiento oculto, sancionable con destitución, multas proporcionales al daño y hasta 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La repetición de la omisión durante tres años consecutivos fortalece la posibilidad de un procedimiento administrativo que tenga severas consecuencias para un funcionario despedido por prácticas que van en contra del movimiento de la 4T.
